Este medio dio cuenta el 19 de agosto de las declaraciones del gobernador Enrique Peña Nieto en torno a las consecuencias que la crisis económica tendrá sobre las finanzas de los municipios mexicanos:
“El gobernador Peña Nieto reconoce la existencia de una crisis muy aguda… los gobiernos municipales deberán apretarse el cinturón… señaló de manera tajante que su gobierno no podrá rescatar a los municipios… [y] se dijo en espera de las decisiones federales para rescatar a los municipios... La invitación para restringir el gasto que el gobernador le hace a los municipios… es puro verbo. Falta la acción”.
Es la hora en que el gobierno de Peña Nieto no se decide a apretarle el cinturón a su propia administración, pero sí da consejos de austeridad a las administraciones municipales.
Y, fiel a la línea privatizadora que ha imperado en nuestro país desde 1976, el gobernador envió una iniciativa al Congreso Local para fijar las condiciones de los préstamos de emergencia que recibirán los municipios, procedentes del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) creado por la Secretaría de Hacienda para rescatar a los municipios en apuros financieros. Parte importante de tal política distanciada del interés público es el hecho de que los titulares de los gobiernos quieran que todo pase por la Bolsa de Valores. Es decir: los dineros públicos, sean de pensiones o de obra pública, serán aplicados previo beneficio que obtengan los especuladores.
La iniciativa fue aprobada ayer 7 de octubre por unanimidad, si bien las bancadas del PAN y el PRD solicitaron que los recursos a repartir entre los 125 municipios mexiquenses no queden en 541 millones de pesos, sino que la cantidad ascienda para quedar algo arriba de los 700 millones de pesos.
Los recursos de este fondo de estabilización provienen de los excedentes petroleros y tiene la finalidad de compensar las disminuciones de las partidas federales destinadas a los estados y municipios. En el caso del Estado de México, estos recursos tuvieron una caída de un poco más de la cuarta parte (26.3%).
Entre las condiciones que deberán cumplir los municipios para hacer uso de estos fondos que les serían entregados en calidad de "anticipo", está la de que firmen una carta compromiso por la que autorizan al gobierno del Estado para que destine sus participaciones federales a inversiones en la Bolsa de Valores, lo cual permitiría, si no se vuelve a caer el mundo financiero, que las ganancias que se obtengan sean recibidas nuevamente por los ayuntamientos.
El plazo para pagar estos "anticipos" es de 13 años, y para el caso de que los municipios no cumplan con sus pagos, el gobierno estatal queda facultado para recuperar esos dineros afectando las futuras participaciones federales.
El Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo pidieron que para los pagos no se afecte más del 4% de las participaciones federales de los ayuntamientos. Este punto no fue agregado al texto final del decreto que será publicado, pero, según el diputado panista Carlos Madrazo, puede incluirse en las cartas compromiso que firmen los gobiernos municipales. Habrá que ver si el gobierno del Estado les permite agregar algo que no quedó en el texto de la ley.
La manera pronta y unánime en que este asunto fue aprobado por la cámara de diputados nos da una clara idea del negro panorama que tienen frente sus pies los gobiernos municipales y, desde luego, los ciudadanos.
Con argumentos más o menos floridos los diputados de todos los partidos ensalzaron la iniciativa: Convergencia, el PRD y el PT justificaron el sentido de su voto por "la confianza en que los municipios gasten con responsabilidad".
Bueno… |
