Texcoco, Méx., a 10 de agosto de 2010.- Dentro del paquete de iniciativas para reformar la legislación del estado de México que el gobernador Enrique Peña Nieto busca sean aprobadas bajo la denominación Agenda del Bicentenario, aparece una con la declarada intención de actualizar y modernizar el marco legal que rige todo lo referente a las políticas estatales y municipales en materia de desarrollo urbano. Otra de estas iniciativas busca establecer un marco regulatorio para las construcciones propiedad de particulares.

Es  el Libro Quinto del Código Administrativo del estado de México, el apartado legal que se ocupa de las cuestiones de ordenamiento territorial, asentamientos humanos y, en general, el desarrollo urbano. La iniciativa de referencia habla de “dinamizar el funcionamiento de las autoridades estatales y municipales” en esta materia. Entre los puntos que prevé modificar está el de “redensificación de las áreas urbanas, para el eficiente aprovechamiento del suelo, la infraestructura instalada y su crecimiento ordenado”. Otro aspecto de esta iniciativa busca ampliar facultades a la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda para que sirva como organismo de análisis y consulta.

Las responsabilidades del Congreso.

Particular interés reviste la propuesta para establecer una nueva tipología de conjuntos urbanos. Otra de sus finalidades es la de facilitar los mecanismos para la cesión en favor del gobierno estatal (y cabe suponer que también de los municipales) de terrenos para equipamiento urbano.

La referida iniciativa pretende instaurar un Sistema Estatal de Información del Desarrollo Urbano, el cual tendrá como objetivo recabar, organizar y generar la información relativa a los asentamientos humanos y el desarrollo de los centros de población territorial.

Entre los argumentos presentados en esta iniciativa está el de evitar anomalías en los trámites de regularización de tenencia de la tierra, lo cual se lograría, según pretende la iniciativa del gobierno del estado, mediante la expedición de lineamientos de carácter urbano.

De la misma forma, en lo que respecta a las construcciones hechas por particulares, la iniciativa pretende delimitar las facultades de autoridades estatales y municipales en este rubro, bajo la consideración de que “la regulación del proceso de construcción no quedaría actualizada y completa sin la presente iniciativa”. En este mismo orden de ideas, aparece la propuesta de crear un Comité Consultivo Estatal de Normalización Técnica de la Construcción, como un órgano técnico de carácter institucional e incluyente.

Llama la atención el hecho de que un gobernante que se ha caracterizado por la fiebre constructora de vivienda de pésima calidad hable de la necesidad de modificar la ley en una materia que le tiene prácticamente secuestrada a varios gobiernos municipales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como facultad exclusiva de los municipios el determinar las políticas de desarrollo urbano. No sobra recordar que durante los diez años que han corrido desde el inicio del gobierno de Arturo Montiel hasta lo que va del período de Enrique Peña Nieto, el suelo del estado de México ha sido objeto de una salvaje urbanización, con grave daño a los ecosistemas, acuíferos y, desde luego, a quienes han corrido con la suerte infame de vivir en las zonas cuyos daños ha intensificado esta política.

Si el gobierno del estado quiere actualizar el marco regulatorio del desarrollo urbano haría bien en poner la legislación local en consonancia con las instituciones o figuras jurídicas prescritas por la Carta Magna, pues es un texto vigente.

Porque hablar de redensificación de áreas urbanas y hablar de aprovechamiento del suelo desde la perspectiva de la violación constitucional en que diariamente se ha dado el desarrollo urbano desaforado en el estado de México nos autoriza a pensar en lo peor y, para colmo de males, acertar. 

Redensificación de áreas urbanas implica modificar el número de casas autorizadas en determinada superficie. La pregunta es: ¿para autorizar más casas o para ya no permitir la llegada de vivienda de alto impacto?

Y hablar de aprovechamiento de suelo implica el cambio del uso de la superficie del territorio estatal, con alta probabilidad de que aparezcan como susceptibles de urbanización cada vez más áreas agrícolas.

Habrá que ver las discusiones en torno a esta iniciativa de ley. Habrá que ver cómo nos defienden nuestros diputados y cómo nos defienden los gobiernos municipales. Porque finalmente la decisión es municipal.