Toluca, Méx., a 12 de Enero de 2010.- Finalmente se consumó el proceso de elección de nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. El magistrado cuya presidencia concluyó, José Castillo Ambriz, será relevado por su homólogo Baruch Florente Delgado Carbajal, quien recibió 45 votos de los 55 emitidos en el pleno del Tribunal. Esta reunión se realizó a puerta cerrada y el resultado final fue lo único que se dio a conocer sobre el proceso de elección.
En lejano segundo lugar quedó el Magistrado José Luis Vázquez, quien obtuvo 9 votos. Por su parte, el presidente saliente, José Castillo Ambríz, decidió hacer pública su abstención arguyendo como razón de su conducta el deseo de no viciar el procedimiento.
El nuevo presidente expresó que se dirigirá a la Legislatura mexiquense para que tratar de que se revierta la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Constitución estatal, las cuales permiten al gobernador intervenir en la decisión para determinar quién ocupará puestos de la Judicatura. Argumentó que el poder judicial mexiquense “se ha mantenido a la vanguardia en el contexto nacional, precisamente por el respeto a la carrera judicial… [por lo que]… insistiremos ante la legislatura local para que pueda reconsiderarse este tema”.
Sorpresivamente, no hubo ningún voto en favor de la también magistrada Deyanira Pérez Olivares, quien —al parecer— sólo cumplió el papel de distractor en una discusión de la que nunca formó realmente parte.
Al nuevo presidente del poder judicial se le menciona como alguien cercano al ex procurador y ex secretario de gobierno Víctor Humberto Benítez Treviño (hoy diputado federal).
Entre los retos que los enterados avizoran para la gestión de Delgado Carbajal está el de lograr una actuación que le valga al poder judicial el reconocimiento de actor independiente de otros poderes, hoy en entredicho.
Se ha mencionado insistentemente que el mayor botón de muestra de la sumisión de los jueces ante el gobierno del Estado lo es la sentencia histórica por insólita de 112 años de prisión impuesta a Ignacio del Valle, líder de los comuneros del oriental municipio de San Salvador Atenco. Tal sentencia se consideró en su momento, y se sigue considerando ahora, una muestra del hondo resentimiento de quienes vieron afectados sus intereses por la oposición de los campesinos encabezados por Del Valle a la construcción del aeropuerto alterno al de la ciudad de México.
Después de los destemplados reclamos del líder perredista Luis Venancio Sánchez por la reforma constitucional que modificó el marco legal del poder judicial mexiquense, por considerar que afectaba su autonomía, todo parece indicar que las aguas continúan en los niveles de siempre y que el único que puede ponerlas en movimiento es el gobernador Peña Nieto, en todos y cada uno de los poderes del Estado.
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