Finalmente, el grupo gobernante en el estado de México hizo cumplir su voluntad en el Congreso local para imponer como procurador a alguien que no cumple el perfil de “probidad notoria” exigido por el artículo 84 de la Constitución local. Ser un hombre probo y que ello sea notorio para los ciudadanos, no parece ser el caso de Alfredo Castillo Cervantes. Y esta afirmación no se refiere a la cuestión de la probidad u honradez en cuestiones de manejo del dinero público, sino a la manera en que se condujo durante la averiguación que mandó al despido oprobioso al ex procurador Alberto Bazbaz y convirtió en funcionario de primer nivel al nuevo Representante de la Sociedad (eso es el Ministerio Público) ofendida por los delitos.
Desde la llegada de la pluralidad política al Congreso mexiquense allá por 1994, a la oligarquía identificada con el omnipresente cuan negado Grupo Atlacomulco nunca se le había atorado nada: ni cuando tuvo mayoría holgada (como la que hoy tiene), ni cuando quedó en condición de minoría segundona (como la que vivió en la anterior legislatura, en la que tuvo un tercio de la mayoría de sesenta diputados que formaban PRI, PRD y PAN en conjunto).
Siempre, con y sin oposición, como mayoría precaria o como minoría enfrentada a “opositores” corrompidos hasta el tuétano (de todos los partidos), los sucesivos gobiernos del estado de México nunca han dejado de tener el control absoluto del escenario en que se hacen las leyes a modo para el gobernante en turno. Y no es exagerado decir que “se hacen las leyes”, porque, en rigor, nunca se ha escuchado la nota esencial de la vida parlamentaria: la discusión. Mucho menos se llegó a hacer una consulta a la población sobre temas delicados, como el nombramiento del procurador. Siempre se ha aprobado la voluntad de el señor gobernador, con lastimoso gesto de sujeción, con la dinámica de producción en serie y sobre pedido, propia de empresa maquiladora.
Así sucedió el día de ayer, cuando la fracción parlamentaria del PRI rebasó ampliamente la mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes (votaron a favor 51 de los 69 representantes populares) con los votos de sus aliados del Verde Ecologista, Nueva Alianza y el Social Demócrata, además de tres votos del Partido Convergencia. En días pasados se habló de que el coordinador de la fracción priista, Ernesto Némer Álvarez, tendría que hacer gala de su oficio político para sacar la votación favorable a la propuesta del ejecutivo estatal. Ya se ve que el reto a su talento era más una observación irónica que una caracterización seria. La votación salió, y cabe señalar que para ello no se requerían más que 46 diputados. Fue una entre las tantas votaciones que ganó en forma anticipada Enrique Peña Nieto desde las elecciones locales de julio del año pasado, justa nada justa y más que dudosa, pues aparte de las cuantiosas campañas del tricolor, a sus contrincantes se les vieron pocas ganas o esfuerzos tan administrados como los que ya habían hecho antes para no disputar en serio aquellas gubernaturas que ganaron Arturo Montiel y el propio Enrique Peña.
El hecho de que 18 legisladores: nueve del PAN, siete del PRD y dos del PT se hayan opuesto a la propuesta del poder, resulta punto menos que irrelevante, porque aunque en esta ocasión hayan hecho lo correcto, con esta sola votación no alcanzan a borrar el hecho más que lamentable de que tanto los blanquiazules como los del sol azteca (a sus tiempos, en cada legislatura) se hayan dedicado a cohonestar las abusivas políticas que la población mexiquense ha sufrido y sufre a manos de quienes despachan desde Toluca.
La Procuraduría de Justicia ya era zona de desastre desde los tiempos del gobernador Jorge Jiménez Cantú (1976-1982), pero sólo hasta este sexenio sus abusos han alcanzado la notoriedad internacional a la que llegaron los casos de Atenco y la niña Paulette Gebara.
Desde la legislatura 1997-2000, es decir cuatro legislaturas atrás de la que hoy está en funciones, el PRI dejó de tener las cómodas mayorías que fueron el sello de la casa de los gobiernos posrevolucionarios. Sin embargo, jamás le fue rechazada una sola iniciativa de ley a los gobernadores en turno. Y, es preciso decirlo: con la cínica participación de perredistas y panistas, verdaderos adefesios legislativos de corte discriminatorio le fueron asestados a los municipios mexiquenses (como la “adecuación” de la Constitución local a los cambios de la Constitución Federal, con la que el gobierno de Montiel arrebató a las municipalidades funciones que la Carta Magna les reserva en exclusiva y que hasta hoy se ejercen desde el poder estatal en reiterada y continua usurpación).
Con la misma frescura con que traicionaban a sus electores, los diputados de ambos partidos se hacían de la vista gorda y convivían con una procuración de justicia a la que no sentían tan indeseable. A Ricardo Moreno Bastida, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, le parece que el gobernador desperdició una oportunidad y que el nombramiento de Castillo es “más de lo mismo”, pero antes de este caso no percibió todo lo que hoy le parece inaceptable. El problema de fondo es que los diputados de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática carecen, al igual que el recién nombrado procurador, de toda credibilidad.
Malos vientos siguen soplando desde Toluca para todos los mexiquenses. |
