Texcoco, Méx., a 22 de enero de 2010.- A los  fraudes en materia de desarrollo urbano en España las llaman el efecto “ladrillazo”, y con esta frase aluden a los delitos cometidos tanto por las empresas fraccionadoras y constructoras, como por los gobiernos municipales que les han autorizado construir en condiciones de franca irregularidad.

Acá en México no se le denomina igual, pero los efectos de la corrupción en materia urbanística son como una cascada de ladrillos cayendo sobre los infelices compradores de casas hechas para ser demolidas.

En un estudio elaborado a petición de la Comisión Nacional del Agua, la empresa Consultec, Ingenieros Asociados Consultoría SC., reportó que aproximadamente 40 mil casas y el mobiliario urbano de 50 colonias y unidades habitacionales de 23 municipios mexiquenses han sido afectados por grietas, hundimientos diferenciales y fallas geológicas inferidas (causadas por acción humana).

Consultec afirma que en la zona oriente del estado de México el problema se ha agravado porque al origen lacustre de su suelo se le ha agregado la sobreexplotación del acuífero de la región, uno de los más deteriorados del mundo.
Explicó también que las grietas y los hundimientos son resultado de la extracción de agua y la composición química del suelo.

Las viviendas afectadas están en los municipios de Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Ecatepec y Coacalco, informó el estudio. Otro aspecto preocupante es que en dos décadas han colapsado más de 40 mil viviendas, de las cuales 30 mil ya fueron demolidas.

Los municipios en que se presentan desniveles de entre 30 y 40 centímetros están ubicados en los Valles de Toluca y México. Esto ocurre en todo el altiplano, pero principalmente en Hidalgo, Estado de México y Distrito Federal. Hay 14 fallas geológicas inferidas que ponen en riesgo a la ciudadanía.

Las grietas de mayor tamaño se localizan en Toluca, Lerma, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chalco y Valle de Chalco, entre otros.

Es necesario delimitar la acción humana que provoca las grietas: por un lado, propiamente los trabajos de construcción. Pero por el otro, también es necesario señalar la impunidad en que viven aquellos que han autorizado construir en tierras no aptas para tal fin, o sin respeto de las especificaciones que deben conducir a un estado de seguridad para las personas que habitan las casas. No deben ser pocos los casos de empresas constructoras que deban reponer las casas nacidas para la demolición que ellas mismas construyeron. Así, se establecen círculos perversos en detrimento de los consumidores y cadenas de impunidad e incesante ganancia para los constructores y los funcionarios inescrupulosos.

No puede menos que llamar la atención el hecho de que se hagan públicos estudios como el que realizó la empresa Consultec sin que a la par las autoridades competentes procedan en contra de los responsables.