Redacción

Texcoco, Méx., a 7 de abril de 2010.- Con la finalidad de restituir ocho hectáreas de terreno ejidal que se encuentran dentro del parque “Ignacio Pichardo Pagaza”, aledaño al Lago de Guadalupe,  que se encontraban ocupadas ilegalmente por militantes de Antorcha Popular, el gobierno municipal de esa comuna implementó un operativo para desalojarlos.      

El operativo fue implementado por elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli y  de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE).  Durante la acción policiaca hubo un enfrentamiento entre los ejidatarios y los invasores antorchistas,  quienes agredieron con palos, piedras y tubos.  Resultaron treinta personas lesionadas, entre ellas seis policías. Fueron destruidas e incendiadas varias viviendas y vehículos.

La dirigente de Antorcha Popular de la zona Noroeste del estado de México, María de la Luz Jiménez Olvera, dio a conocer que los miembros de  su organización ocuparon las ocho hectáreas ejidales y las dividieron en 400 lotes. La dirigente expresó que los terrenos habrían sido ofrecidos por el Secretario de Gobierno del estado de México, Luis Miranda Nava. Denunció el desalojo violento que los policías hicieron de unos 150 antorchistas, quienes ya ocupaban ese lugar desde años atrás.

Jiménez Olvera responsabilizó del enfrentamiento al gobierno de Enrique Peña Nieto, pues, insistió:  fue Miranda Nava quien ofreció vivienda “para personas pobres”.

Entre los lesionados está Mario Rodríguez Guerrero, presidente del Comisariado Ejidal de Tepojaco. Los ejidatarios acusaron a los antorchistas de pretender fraccionar sus tierras, pues se trata de un lugar muy codiciado por empresas inmobiliarias para construir desarrollos habitacionales.

No es la primera vez que la agrupación priista Antorcha Popular invade terrenos o violenta los usos de suelo a partir de apoyos otorgados desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. El caso de la colonia “Víctor Puebla”, construida en los terrenos de lo que fue el rancho Santa Marth, en la comunidad de Cuautlalpan, es representativo de este tipo de acciones ilegales.

La comparación entre el caso de los terrenos ejidales de Cuautitlán Izcalli y los de Texcoco (propiedad privada) es obligada: salta a la vista el hecho de que en el desalojo de los primeros hayan participado tanto la policía estatal como la corporación municipal. En el caso de Texcoco, el gobierno municipal, entonces encabezado por el hoy diputado local Constanzo de la Vega denunció el fraccionamiento ilegal del ex rancho Santa Martha, e incluso señaló la inacción de la Procuraduría estatal, pero no solicitó al gobierno del estado ni al gobierno federal el uso de la fuerza pública. A la distancia (y por declaraciones del propio diputado De la Vega ante los micrófonos de Radio Universidad Autónoma Chapingo) aparece como causa altamente probable de la impunidad fraccionadora de Antorcha Popular en Texcoco un acuerdo entre el gobierno del estado y el ex diputado Higinio Martínez Miranda, quien encabezaba la fracción parlamentaria del PRD (20 diputados) en el Congreso del Estado.

En Cuautitlán Izcalli, los ejidatarios defendieron sus tierras; en Texcoco, Higinio Martínez inició con su silencio la entrega de Texcoco al PRI.