Texcoco, Méx., a 4 de enero de 2010.- Un problema sobre el que han dado la voz de alerta los especialistas en suelos, ha sido convertido en dura realidad por las empresas constructoras: las mejores tierras para cultivo, terminan por ser los espacios más utilizados para la construcción de vivienda.
Los resultados de tal política son de verdadero desastre, tanto en lo que hace a la parte ecológica como en lo que toca a la supuesta solución de problemas sociales y económicos, como la falta de vivienda.
En el estado de México, durante lo que va de este siglo, campos de cultivo se han convertido en enormes unidades habitacionales. Los habitantes de los municipios en los que esto se ha dado han resentido el conjunto de problemas que vienen asociados a las grandes migraciones, pues no otra cosa son los nacimientos de esas nuevas ciudades surgidas a un lado de las antiguas demarcaciones, hoy amenazadas por la falta de recursos naturales y por la inseguridad.
Los responsables de estas situaciones son los gobiernos federal, del estado y de los municipios, llevando la batuta de esta ejecución patética el gobierno del estado, particularmente desde el periodo de gobierno de Arturo Montiel Rojas (1999-2005). En este sexenio, bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, los depredadores del medio ambiente y la tranquilidad de los mexiquenses siguen andando como Pedro por sus cientos de miles de casas. En el valle de Toluca, al norte del valle de México, hacia el sur o el oriente de la entidad, todo el estado de México es territorio de las constructoras.
El Universal del día de hoy no ofrece dos excelentes notas de nuestro colega Juan Manuel Barrera en las que se ocupa del crecimiento desaforado de la mancha urbana y de la conducta de las empresas constructoras, cuyo ánimo más que voraz es presumido con desenfado propio de pasarela.
Sergio Guevara Márquez, director de la empresa Urbi en el estado de México informó que desde 1997 a la fecha ha construido 17 mil viviendas en este estado principalmente en Tecámac, Huehuetoca y Cuautitlán Izcalli.
El empresario reflexionó en torno al comportamiento del mercado inmobiliario: “…en el sexenio de Fox, construimos 600 mil viviendas por año. Después subimos a 750 mil… luego bajamos… Eso nos da un indicador de que el país requiere de este tipo de desarrollo ordenado”. Abundó en sus conceptos con el dato de que en el estado de México se construyen cada año entre 80 mil y cien mil viviendas por parte de las empresas GEO, Homex, Sadasi, Sare, Urbi, entre otras.
Guevara Márquez arma la ecuación: el trabajo de las constructoras es igual a desarrollo ordenado. Pero tal aseveración dicha de modo tan seco y genérico oculta muchos de los vicios que impregnan la actuación de esas empresas: casas construidas en espacios de 30 metros cuadrados (cinco por seis metros, en Tecámac), o, ya pensando “en grande”: 42 metros cuadrados (seis por siete metros, como en Las Vegas, Texcoco), la falta casi absoluta de espacios verdes, el despojo de las áreas de donación (que rara vez aparecen), una convivencia contaminada por altos niveles de desempleo y delincuencia, y la carencia de recursos naturales y servicios municipales, forman un cuadro referencial en el que difícilmente puede florecer la humanidad.
Tales mega fraccionamientos compuestos con semejantes mini viviendas (también llamados palomares) son alabados sólo por las empresas que se benefician de tan grandes negocios: en las más de treinta mil casas construidas en Chicoloapan, un cálculo hecho por especialistas reveló que, a precios actuales, una de esas casas no consume más de 45 mil pesos en materiales, pero habrán de ser pagadas por sus adquirientes en plazos de 30 años y costos que llegan a rebasar los 300 mil pesos.
Mucho alegan las constructoras y sus porristas acerca de lo conveniente que es “crecer con orden”; pero un análisis de cada uno de estos espacios arroja cientos de anomalías. Y es que el poderoso caballero hace y deshace con la seguridad y la salud de los pobres a los que les toca mudar su condición de necesitados de un sitio a otro: cabe recordar un caso específico, el de la Unidad Habitacional de Embotelladores (llamada Unidad Pepsi), en Texcoco: con gran lógica, el cárcamo receptor de aguas negras fue colocado en la parte más baja de la superficie a urbanizar, pero muy lejos y a contrapendiente del punto en el que las aguas negras deberían ser vaciadas al hoy entubado río que corre hacia la autopista Peñón-Texcoco. Resultado: las aguas negras se derramaban por la calle de ingreso y, movidas por los vehículos automotores, penetraban hasta las salas de las casas. Esto duró varios años, pues la constructora que hizo tal unidad habitacional fue formada sólo para tal efecto y ya no estaba localizable para recibir reclamo alguno. Hubo de reparar el daño el gobierno municipal.
Otros inconvenientes de estas aglomeraciones alejadas de la ciudad de México, son los impactos negativos en las economías regionales y en quienes llegan a habitarlos: la fragmentación de las familias y la complicación en las vialidades. Además, los gobiernos locales deben gastar en grande para dotarles de servicios. Con frecuencia, los nuevos habitantes sufren por falta de agua y están a merced del transporte, ese poder fáctico que siempre se hace sentir en el suelo mexiquense.
Pero una de las caras más perversas de los infames amasijos de pobres que son las grandes unidades habitacionales es la referente a la rienda suelta con que se conducen las empresas. Urbi, la constructora referida líneas arriba, inició un proyecto de vivienda en el que personas sin empleo formal podían aspirar a tener su propio techo; pero, con la particularidad de que los pagos hechos a la empresa no cumplían la función de pagar la vivienda, sino una finalidad doble: una parte pagaba renta, y la otra (desde luego menor) cumplía la finalidad de crear en favor del habitante inquilino-comprador un “historial crediticio”. Pero la crisis hizo que 2 mil familias que habían optado por este programa devolvieran las casas, lo que según Guevara Márquez “causó molestias”.
Y ante tal espectáculo de voracidad, sólo parecido al enfrentamiento de los cristianos con los leones en el circo romano, la pregunta surge obligada: ¿la Procuraduría Federal del Consumidor revisó tales contratos? ¿los gobiernos estatal y municipales conocieron tal modalidad de renta-venta? ¿alguien pidió alguna mínima garantía para los inquilinos aspirantes (ya se ve que frustrados) a propietarios?
Tantas preguntas; cero respuestas y familias en la calle.
¡Ah, qué preguntones! |
