Toluca, Méx., 26 de agosto de 2010.- Amparados en la fuerza que da contar con la mayoría en la Cámara de Diputados del Estado de México, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional sepultaron la posibilidad de que dos figuras jurídicamente establecidas de la propia Cámara, como lo son  la Presidencia  y la Secretaría de la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), puedan tener acceso a las cifras de las cuentas públicas del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los legisladores priistas se opusieron de manera tajante a otorgar facultades para que de manera  mancomunada la Presidencia y la Secretaría de la citada Comisión Legislativa puedan solicitar información al organismo de manera independiente, es decir: sin que deba mediar el visto bueno de toda la comisión legislativa.

El presidente de la Comisión, Carlos Madrazo Limón, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, durante la sesión de la Comisión de Vigilancia solicitó modificaciones a las Fracciones IV y VII del Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior, que se refiere a la atención de solicitudes de información que presentan los legisladores, para efecto de romper la condición de subordinación que la Comisión de Vigilancia tiene respecto del organismo que supuestamente vigila. Los diputados priistas, liderados por Pablo Bedolla, votaron en contra de que los legisladores integrantes de la misma comisión, puedan tener acceso, de manera separada, a  la información de los estados financieros del gobierno estatal,   impidiendo con ello el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información. Traducida al castellano común, esta discusión que parece (y es) laberíntica, vale decir: que toda petición de información que haga cualquier diputado integrante de la legislatura

El diputado Madrazo se estrelló contra el secreto que los priistas imponen en los asuntos públicos.

mexiquense no podrá ser atendida de manera directa (aunque el diputado Madrazo Limón pretende que la facultad de proporcionar información sea ejercida con las firmas del Presidente y el Secretario de la Comisión de Vigilancia, lo que ya introduce un principio de equilibrio y control que evitaría que un solo diputado pueda darle información a sus compañeros integrantes de la legislatura). Y, cabe precisar, que la facultad de proporcionar información a los representantes populares deberá seguir siendo ejercida a través del voto y/o autorización de toda la comisión.

Verdadera maraña jurídica, la Ley de Fiscalización Superior del estado de México es vivísima muestra del celo guerrero con que el grupo gobernante en esta entidad se reserva para su exclusivo consumo la información de interés público. Es preferible no imaginar lo que le costará a un particular arrancarle alguna información al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.