Texcoco, Méx., a 6 de abril de 2010.- Don Artemio de Valle Arizpe, cronista de la ciudad de México y diplomático, dijo en su novela El Canillitas: “… la Justicia, que a pesar de todo, se sigue llamando así…”.

La desconfianza hacia todo lo que huela a “Justicia”, entendido el término como el conjunto de dependencias gubernamentales y los actores que desde esos cargos se supone que se dedican, con uniforme de policía o toga de juez, a dar seguridad a los ciudadanos y a investigar y encarcelar a quienes cometen delitos, es algo presente en todas las sociedades.

En esta primer decena del siglo XXI sobreviven casos de monstruosos abusos que son responsabilidad exclusiva de jueces o procuradores de justicia (que más parecieran impedirla), pero también se dan los casos en que estas aberraciones no son decisiones de los procuradores, sino de los titulares de los poderes ejecutivos a cuyos equipos de trabajo absurdamente pertenecen.  Y en esta subordinación, en la que la voluntad de los gobernadores es la razón decisiva, encontramos la causa principal de la profunda miseria de nuestra vida republicana.

Es necesario dar razón de nuestro dicho. Van tres ejemplos mexiquenses recientes:

1).- En Texcoco, durante el periodo de gobierno municipal 1997-2000, el primero en que el PRI no encabezó la administración y la vida pública de Texcoco, se dio un terrible caso de injusticia a cargo de la Procuraduría y los jueces estatales. Un hombre que vendía hot-dogs en la comunidad de Coatlinchán fue asesinado con cuatro disparos de pistola tipo revolver calibre 32, todos en el cráneo. El deceso se dio en medio de una acción policíaca motivada por un pleito en una discotheque situada frente al jardín de aquella localidad. Seis policías municipales enfrentaron con disparos al aire a un gran número de jóvenes que los apedreó y dañó también a las patrullas. Al presentarse ante el Ministerio Público a denunciar la agresión sufrida en las patrullas y sus personas, y poner a su  disposición al único joven que pudieron detener, fueron ilegalmente retenidos por la autoridad ministerial, que les culpó de la muerte del comerciante sin elementos o imputación alguna.  Les fue practicada la prueba de Rodizonato de Sodio para determinar si habían disparado algún arma de fuego. Tal como lo habían declarado, cinco de los policías habían disparado durante su intervención en los hechos, y uno de ellos negó haberlo hecho explicando que por sujetar al detenido no pudo disparar. Los peritos de química corroboraron el dicho de los preventivos municipales, además de que las armas de cargo eran de calibre mayor a las que privaron de la vida al comerciante (9 milímetros y 38 special). A pesar de estas pruebas, los seis elementos fueron consignados ante un Juez Penal del Reclusorio de San Miguel Tlaixpan, el cual determinó que deberían ser juzgados por el delito de homicidio, sin derecho a libertad bajo caución o fianza. El propio juez que los declaró formalmente presos, ordenó su liberación diez meses después, mediante sentencia que los reconoció inocentes.

Debieron recibir no sólo disculpas del gobierno que encabezaba César Camacho, sino también una reparación del daño moral que sufrieron en su reputación, a pesar de haber cumplido con su deber. No hubo disculpas ni reparación del daño.

2.- Es asunto mundialmente conocido,  el salvaje tratamiento que les fue asestado a los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (habitantes del municipio de Atenco) y a otras personas, contra quienes el Poder Judicial del estado de México fulminó sentencias de reclusión que no alcanzarían a ser pagadas en más de una vida, en obsequio de las furibundas peticiones de la Procuraduría mexiquense. Los analistas políticos han señalado insistentemente el tufo vengativo que se percibe en todo el tratamiento de este asunto, y lo han vinculado con la decidida oposición que aquellos líderes hicieron en contra del proyecto Fox-Montiel por construir sobre lo que fue el lecho del ex lago de Texcoco el aeropuerto alterno al de la ciudad de México.

Estos ciudadanos, hoy recluidos bajo la acusación de secuestro equiparado (tenido por tal),  mientras purgan penas que van más allá de los cien años han continuado su defensa jurídica y su caso ha sido atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para efecto de determinar si es constitucional la existencia del delito que se les imputa, contenido en el Código Penal del estado de México, pues iguala a secuestradores con luchadores sociales que retuvieron a funcionarios del gobierno estatal. Esperamos que el más alto tribunal del país decrete que es inconstitucional la homologación de conductas con motivaciones tan diversas y que ello conlleve la libertad de los injustamente encarcelados.

3.- El tratamiento dado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México al ya también internacionalmente conocido asunto de la niña Paulette Gebara Farah se ha convertido en piedra de escándalo, pues el procurador mexiquense Alberto Bazbaz va cambiando la historia que con su investigación se construye, dando escandalosos bandazos. Desde el increíble hecho de que sus sabuesos (intervinieron perros), sus peritos y su policía ministerial no hayan dado con el cadáver de la niña supuestamente desaparecida, sino nueve días después al pie de su cama, los muy violentos golpes de timón que implica arraigar por 30 días a los padres señalándolos como sospechosos y después levantar sin razones valederas tal medida restrictiva, y hasta la incomprensible intervención del gobernador Peña Nieto avalando el “trabajo” del señor Bazbaz, se conforma un cuadro de infamia absoluta. El informe de los noticieros matutinos de hoy en el sentido de que el ex gobernador Arturo Montiel asistió al sepelio de la indefensa criatura, no hace sino agregar más suspicacia a un asunto en el que nadie salva la cara.

Saltan a la vista las diferencias entre los dos primeros casos que aquí menciono y el que probablemente esté catapultando al procurador Bazbaz hacia el cargo de Procurador General de la República o ministro de la Suprema Corte. Este doloroso asunto no da lugar a las bromas, y lo que acabo de decir no es para hacer reír, es mi temor: ¿Por qué se mete el gobernador en cosas tan malolientes? ¿Por qué la Procuraduría mexiquense  (léase gobierno del estado) se muestra tan dura con algunos acusados y tan laxa con otros?

Aunque uno no quisiera, saltan a la vista las diferencias sociales.