Tres y cuatro de mayo de 2006: una violenta represión se cierne sobre los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y sobre pobladores de San Salvador Atenco y de Texcoco. Los gobiernos federal y estatal de Fox y Peña Nieto, con la complicidad del gobierno municipal perredista de Texcoco encabezado por el sustituto de Higinio Martínez, Nazario Gutiérrez, se coaligan para ejercer una venganza de Estado contra quienes habían desafiado e impedido en 2001-2002 el proyecto oligárquico del sexenio: la construcción del aeropuerto internacional en la región de Texcoco. El operativo represivo sitió los municipios de Texcoco, Atenco y demás de la región imponiendo una lógica de guerra y, mediante la utilización de la emboscada y la provocación, se enfrentó con los pobladores y ciudadanos en la carretera Lechería-Texcoco donde se desplegó, además del policíaco, un operativo propagandístico a nivel nacional coordinado en vivo con los medios de comunicación, en especial las televisoras. La represión llegó al corazón de San Salvador Atenco y se saldó con la detención de algunos de los principales líderes del Frente, la huída de muchos más, la muerte de dos muchachos, la detención de innumerables pobladores y activistas solidarios, la irrupción ilegal y destrucción y saqueo de domicilios, y las agresiones sexuales premeditadas contra las mujeres detenidas, 26 de las cuales fueron violadas por los efectivos policíacos. En suma: guerra contra Atenco y contra el FPDT.

Atenco: crimen de Estado.

El corolario de esta guerra y venganza política y represiva contra Atenco fueron las sentencias impuestas a Ignacio del Valle Medina (112 años), Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa (67) y 31 años para cada uno de los nueve detenidos en el penal del Molino de Flores (Óscar Hernández Pacheco, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Julio César Espinosa Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Edgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández y Alejandro Pilón Zacate). A la represión excesiva y desproporcionada del 2006 se sumaron sentencias injustas, basadas en interpretaciones jurídicas falaces y abusivas, en procedimientos judiciales por consigna, en mentiras flagrantes, en integración mañosa de expedientes. De manera injustificada Nacho, Felipe y Héctor permanecieron en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano en el municipio de Almoloya.  Diferentes organismos de derechos humanos nacionales e internacionales criticaron las actuaciones sumisas e ilegales del poder judicial mexiquense y el silencio rastrero de la comisión local de derechos humanos respecto de  esos eventos y las infames actuaciones de funcionarios y jueces. La opinión pública nacional constató con horror que ni uno solo de los peores narcotraficantes, secuestradores o verdaderos criminales que tanto abundan en México tenían sentencias como las impuestas a los miembros del Frente de Pueblos de Atenco: defender la tierra y la comunidad y lograr triunfar ante los poderes estatal y federal resultaban ser, en la práctica, de los más graves delitos de acuerdo con la ferocidad clasista de nuestra lumpen-oligarquía y tontos útiles a ella asociados (el PRD local).

En sesión de 30 de junio de 2010 la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció históricamente a los gobiernos federales panistas y a los mexiquenses de Peña Nieto y Montiel al reconocer, mediante el otorgamiento del amparo liso y llano para los doce presos atenquenses y ordenar su liberación, las violaciones y arbitrariedades jurídicas cometidas contra los luchadores sociales de Atenco. Los ministros dictaminaron “la ilegalidad de la sentencia reclamada… basada en una  ideología totalitaria, donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan la falsa presunción de peligrosidad… [dejando ver] una forma institucional de criminalizar la protesta social; como una forma de castigar ser oposición…”.

El ministro ponente Juan N. Silva Meza, autor de las consideraciones anteriores como sustento de la sentencia de la Corte, enfatizó: “la manifestación de ideas y el reclamo social no son sinónimos de delincuencia; pensar lo contrario y utilizarlo como basamento para emitir una sentencia condenatoria es actuar contra nuestro sistema de justicia, en indefectible desdoro de los derechos y libertades del ciudadano”. En otras palabras contra los pobladores de Atenco y los miembros del Frente se ejerció un poder dictatorial por parte del gobierno de Peña Nieto y de los gobiernos de Fox y Calderón (La Jornada, primero de julio de 2010).

La enorme gesta de resistencia desplegada por los miembros del Frente y pobladores de Atenco contra la represión y la venganza de Estado, junto con la impecable defensa jurídica y la sensibilización de una opinión pública alerta y de la Corte, lograron la liberación de los presos políticos. La pequeñez de las instituciones estatales y federales quedó de manifiesto de nueva cuenta con las chicanas con que pretendieron mantener en la cárcel a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo y que sólo alargaron por unas horas su prisión injusta. Queda pendiente el caso de América del Valle quien se encuentra refugiada en la embajada de Venezuela solicitando asilo político.

La victoria moral y política de los luchadores sociales de San Salvador Atenco es, de nueva cuenta, impresionante. Deberán cuidarse de sus fuertes enemigos que permanecen al acecho y en la primera oportunidad buscarán de nuevo lograr sus aviesas intenciones contra el Frente de Pueblos y sus líderes. Pero han dejado al pueblo de México (y a sus vecinos de la región texcocana) la gran lección de la defensa sin contemplaciones de la tierra y el territorio de las comunidades y pueblos como fuente de identidad y base de vida y  desarrollo, y el enorme ejemplo de una resistencia sin descanso, de un espíritu indoblegable.

*Catedrático de la Universidad Autónoma Chapingo