México, D.F., 24 de agosto de 2010.–  Con un lenguaje en extremo cuidadoso de las formas diplomáticas al que les obliga la representación de Organismos Internacionales con que llegaron al país, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dra. Catalina Botero Marino, y el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Dr. Frank La Rue, presentaron un tétrico diagnóstico de la condición que guarda en nuestro país la libertad de expresión, el cual se intensificó del año 2000 a la fecha, es decir: durante los gobiernos del Partido Acción Nacional.  

La Dra. Catalina Botero (colombiana), Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La conferencia de prensa se llevó a cabo en la Casa Lamm, con gran asistencia de periodistas y medios de comunicación, representantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y cooperativistas de los periódicos Excélsior y La Prensa (que protestan por el despojo de que son objeto los primeros y por arbitrariedades laborales los segundos).
Es la primera vez que ambas relatorías realizan una misión verificadora de manera conjunta. Agradecieron las facilidades que les brindó el gobierno federal durante esta visita oficial del 9 al 24 de agosto, pero especificaron que solicitaron una entrevista con el Presidente de la República sin obtener respuesta alguna. Fueron atendidos por el Secretario de Gobernación y subsecretarios de la Cancillería. Se reunieron con más de 40 instituciones públicas federales y estatales, con representantes de órganos autónomos y con más de 100 periodistas.

El informe de los relatores señala haber constatado que los artículos sexto y séptimo de la Constitución protegen los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información y reconocieron como un avance importante la legislación en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Tras expresar su reconocimiento por el hecho de que se hayan despenalizado a nivel federal y en algunos estados de la República los delitos contra el honor (calumnias, difamación e injurias), los cuales han sido utilizados por los agentes del poder para perseguir y encarcelar a periodistas, los relatores señalaron que en la vida diaria nuestro país enfrenta severos obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión, los cuales enumeraron:

El Dr. Frank La Rue (guatemalteco), Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión.

A).- Los asesinatos de periodistas, los actos de violencia y hostigamiento judicial contra periodistas y medios de comunicación, así como la impunidad que de manera generalizada afecta a estos casos, son los ejemplos más destacados de tales problemas. Hicieron hincapié en el hecho de que ante tan alto número de periodistas asesinados (64) y desaparecidos (11) no haya ni una sola persona sancionada por uno de esos delitos.

B).- La alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les ha asignado frecuencias de radio y televisión, afecta severamente la diversidad y el pluralismo en el debate democrático.

C).- La ausencia de un marco jurídico equitativo en materia de asignación de frecuencias, junto con la inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos de comunicación (por ejemplo, las radios comunitarias).

D).- La falta de regulación para el otorgamiento de la publicidad oficial.

E).- La vigencia de legislación que permite aún aplicar sanciones penales por el ejercicio de la libertad de expresión en varias entidades federativas.

F).- De manera especial, plantearon gran preocupación por la emergente tendencia a restringir el derecho de acceso a la información pública.

Caracterizaron este cuadro general de limitantes a la libertad de expresión como una "crisis" y llamaron a sumar esfuerzos para encontrar soluciones con la participación del Estado y la sociedad.
Las dos relatorías hicieron énfasis en que fueron las peticiones de la sociedad mexicana las que dieron lugar a esta visita conjunta.

Pronunciamientos

La Dra. Botero y el Dr. La Rue fueron explícitos al señalar que la agresión contra periodistas en México es alarmante y tiende a intensificarse.

Lamentaron que no exista un registro llevado por autoridad facultada para ello en torno al número de periodistas que han sido asesinados y desaparecidos. Refirieron que un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es el único documento que reporta los asesinatos de 64 periodistas, cometidos desde el año 2000 al mes de julio de 2010; la desaparición de 11 periodistas, del 2006 a este año y atentados con explosivos contra medios de comunicación en los últimos meses, así como secuestros de periodistas.

Los distinguidos juristas pudieron constatar que las amenazas y hostigamientos son sufridos principalmente por periodistas del ámbito local, particularmente quienes cubren temas de corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico y seguridad pública. Asimismo, señalaron que la mayoría de las agresiones contra periodistas locales o regionales no se denuncian por falta de confianza en la gestión de las respectivas autoridades.

Este cuadro general ha llevado a afirmar que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano, lo cual ha dado lugar también a la autocensura, particularmente en los estados en que hay una fuerte presencia del crimen organizado. Esto ha llegado al nivel dramático de que la prensa local no registre hechos de extrema violencia.

Tras informar que hicieron presencia en varios estados de la república, los relatores indicaron que las más graves amenazas para los periodistas provienen del crimen organizado, pero no dejaron de señalar que también hay agresiones desde grupos armados a los que se atribuyeron ligas con gobiernos de los estados, partidos políticos, militares y policías.

Insistieron una y otra vez en que el Estado está obligado a garantizar que sus agentes no agredan a los periodistas (hablaron de educar en esa materia a las diversas policías), además de señalar en todo momento la obligación que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar a quienes afectan criminalmente o de otras maneras la libertad de expresión.

El Dr. La Rue insistió en la importancia de que el Estado cuide a los periodistas mediante el despliegue de una política que muestre voluntad en esta materia. Y explicó que no se trata de que los periodistas deban recibir un trato de privilegio, sino que deben ser protegidos por el importante servicio que prestan a la democracia.