Toluca, Méx., a 20 de enero de 2010.- Legisladores de las fracciones de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional emitieron su voto en contra del dictamen por medio del cual la Cámara de Diputados autoriza  a diversos ayuntamientos a contratar nuevos créditos.

Los diputados argumentaron su voto en contra, señalando que una vez realizado el estudio de las peticiones de once gobiernos municipales, se encontró, según estimaciones de empresas calificadoras de inversión y del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que los ayuntamientos de Ecatepec, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli y Coacalco no tienen capacidad para amortizar tales créditos, por lo que contarán con su aval sólo en caso de que reestructuren sus actuales pasivos. Otro factor considerado por los diputados fue que en el caso del Ayuntamiento de Toluca el crédito solicitado se usaría para la remodelación de los 24 inmuebles y plazas cívicas de las delegaciones municipales.

El líder de la bancada perredista Ricardo Moreno Bastida, expresó: “no estamos de acuerdo con este tipo de endeudamientos porque Izcalli, Ecatepec, Coacalco y Huixquilucan son municipios demasiado endeudados, que no tienen capacidad de pagar los nuevos créditos, lo cual pone en riesgo la viabilidad de los ayuntamientos, la prestación de servicios y las obras públicas necesarias”.

En el caso de Toluca se da la situación particular de que el regidor perredista de ese ayuntamiento, Domitilo Posadas, defienda y justifique el endeudamiento a que daría lugar tal crédito, mientras que la fracción parlamentaria del Sol Azteca consideró que el empréstito no genera inversión productiva ni beneficio a la ciudadanía, además de no ser prioritaria la aplicación que el gobierno toluqueño pretende.

Explicó Moreno Bastida que podrían votar favorablemente  los créditos que refinancien deudas anteriores, pero no para los municipios cuya capacidad de endeudamiento esté agotada.

Mantenimiento carretero, a la IP

Otro asunto tratado por la LVII Legislatura local fue la aprobación por mayoría para que el gobierno del Estado otorgue a empresas privadas el mantenimiento y conservación de 70 carreteras y vialidades. Seis diputados de la fracción perredista argumentaron que la administración estatal cuenta con recursos suficientes para el mantenimiento carretero, razón  por la que votaron en contra de esta propuesta.

La empresa que gane la licitación deberá tener en buenas condiciones, entre otras, las siguientes carreteras: Temascaltepec-Valle de Bravo, Malinalco Chalma, Toluca-Temoaya, La Marquesa-Santiago Tianguistenco, Tenango-Joquicingo, Tlalnepantla-Villa del Carbón, al igual que vías primarias como el  Paseo Tollocan en Toluca; Avenida Ceylan, Vía Morelos, Gustavo Baz y Primero de Mayo (todas en Tlalnepantla); Avenida Central y Autopista México Puebla a Chalco (en el oriente); Indios Verdes-San Juan Ixhuatepec, Periférico Norte, López Portillo, y Vialidad Mexiquense.

La empresa que gane la licitación recibirá por parte del gobierno del estado de México un pago anual de 518 millones de pesos por mantener en buen estado las citadas carreteras.

Aprobada, la contrarreforma judicial

La legislatura aprobó también la iniciativa con que el gobernador Enrique Peña Nieto abandonó la tentación de nombrar magistrados. La parte destacable de esta marcha atrás es que se haya dado por la viva reacción que la reforma injerencista provocó en los magistrados integrantes del Pleno del Poder Judicial.

Finalmente, estos jueces superiores serán nombrados por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, sin el anterior requisito de aprobar un examen de oposición. En contra se pronunciaron los 12 diputados del PAN, y el perredista Francisco Veladiz, por considerar que debían mantenerse los exámenes para aspirar a las magistraturas.
 
Así, en un lapso muy corto fueron reformadas y vueltas a reformar la Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.