Ecatepec, Méx., a 2 de diciembre de 2009.- De la auditoría que el Ayuntamiento de Ecatepec realizó a los recursos ejercidos durante el gobierno anterior, del primero de enero de 2008 al 17 de agosto de 2009, se presume que la administración del perredista José Luis Gutiérrez Cureño desvió 549 millones 964 mil pesos, delito por el cual los inculpados pueden resultar inhabilitados en el servicio público, y hasta encarcelados.

Delfino Reyes Paredes, Tesorero Municipal, dio a conocer que ya se notificó de estas irregularidades a las autoridades competentes y que se encuentra en proceso una acción legal en contra de los ex servidores públicos que resulten responsables de los recursos desviados, que tuvieron que ser aplicados en obras de infraestructura.

Los otros ex servidores públicos implicados en el presunto desvío son: Faustino de la Cruz Pérez, ex Síndico, Cutitláhuac Aníbal Soto Vázquez, ex Contralor Municipal y Édgar Antonio Martínez Zendejas, ex Tesorero Municipal. Lo anterior fue publicado en un boletín del Ayuntamiento.

La auditoría fue encargada a Segura y Sánchez Contadores y Auditores S.C., cuyos resultados obran en poder del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), en los que aparece que no fueron aplicados conforme a la normatividad los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF (Fotrmaundf), y el Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (Pagim).

El resultado de la auditoría arroja que respecto del ejercicio 2008 de los tres programas federales hay un faltante de 244 millones 479 mil pesos. Igualmente, para el último periodo contable de la administración de Gutiérrez Cureño, que concluyó el 17 de agosto pasado aparece un faltante de 305 millones 485 mil pesos, cantidades que sumadas llegan a los 549 millones de pesos.

La figura penal aplicable a la conducta desplegada por los involucrados es la de peculado, según el informe de la firma auditora. Este delito aparece en  el artículo 223 fracción IV del Código Penal Federal, y prevé que lo comete quien transgreda los criterios presupuestales, es decir, que para cometerlo basta con que se apliquen a destinos distintos a los que establece el presupuesto.

La propia norma establece que la penalidad que debe imponerse a quien cometa este delito por cantidades superiores a los 500 salarios mínimos,  será de dos a catorce años de prisión.

Habrá que esperar la opinión del OSFEM, para que, en caso de que encuentre un manejo ilícito de los recursos federales, presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Federación.